Riadas

En el Museo Histórico Militar de Valencia, que por cierto es una preciosidad que bien merece pasar en ella una mañana o más para verla con el debido detalle, hay una serie de salas dedicadas a las distintas épocas en que el ejército de tierra español ha tenido una actitud destacada. Así, hay una sala dedicada a los tercios y a su época, otra a la guerra de la Independencia, otra a la guerra de África, más allá otra a las guerras carlistas y luego a la Guerra Civil y, finalmente, cuando ya parece que se acaba la Historia y no queda sino llegar a la actualidad y, todo lo más, a las misiones de paz en el marco de la ONU, hay una sala más.

Esa sala, sin embargo, no está dedicada a una guerra, al menos no a una guerra tal y como la solemos considerar, en el sentido de que no se enfrentan dos bandos armados. La sala lleva el curioso título de "La guerra contra el fango" y se refiere a la intervención del ejército tras la riada de 1957 que dejó Valencia en un estado tan lamentable como hoy están los pueblos situados inmediatamente al sur de la ciudad. En efecto, en aquel tiempo el ejército se empleó a fondo desde el primer momento con resultados muy positivos, hasta el punto de que las autoridades militares que decidieron la configuración del Museo Militar no dudaron en incluir en la misma una actuación que tiene muy poco de bélica, como no sea en sentido muy figurado, pero de la que estaban tremendamente orgullosos y, cuando uno sale de la sala en cuestión, hay que coincidir en que no es para menos.

A estas alturas no hay nadie que ignore que una nueva riada ha causado más de doscientos muertos y enormes daños en distintas poblaciones de la comarca de l'Horta Sud y algunas, menos, de la Ribera Baja. La ciudad de Valencia estaría en las mismas condiciones, de no ser porque las autoridades que gobernaban España en 1957 (fascistas, dictatoriales y bla) llevaron a cabo una obra de enorme envergadura con el fin de desviar el río Turia del centro de la ciudad y hacerlo desembocar en el Mediterráneo por el Sur. La obra ha demostrado su eficacia estos días, porque ha resistido perfectamente lo que se le vino encima y ha arrojado al mar la avenida que de otra forma hubiera terminado destrozando la ciudad.

En comparación con lo sucedido en 1957 (y también podría escribir sobre la pantanada de 1982, que me pilló cerca de la zona afectada), la reacción de 2024 deja una agria impresión de incompetencia de muchos de quienes hubieran debido tomar las decisiones adecuadas. Ello es tanto más lamentable cuanto que los medios de 2024 son infinitamente mejores que los que existían en 1957. En aquel entonces, el ejército español no disponía, ni de lejísimos, de los medios que tiene hoy. Era más numeroso que el actual, pero técnicamente estaba a años luz de ser una fuerza comparable a la de cualquier país puntero de entonces; estaba compuesto de soldados de reemplazo que en buena medida estaban allí muy de mala gana, mientras que ahora se trata de un ejército profesional parangonable con los mejores del mundo. Hay una unidad militar de emergencias que no existía en 1957 ¿Qué ha sucedido, entonces, para que se haya dado una imagen de ineptitud tan lamentable?

Se ha escrito mucho estos días sobre las causas. Muchos echan la culpa a los políticos y yo creo que no les falta razón, pero sólo he visto algunas, no tantas, voces señalar con el dedo a los partidos políticos, que se han convertido en la carcoma del sistema. Hay que decir claro que los partidos políticos hace mucho tiempo que han abandonado el que se supone que era su propósito inicial y que debía consistir en canalizar una opinión política determinada y proponerla a los electores, una mayoría de los cuales decidiría cuál (o cuáles) de ellas tendría la responsabilidad de ejercer el poder durante un tiempo.

La perversión del sistema ha llevado a que los partidos políticos hayan dejado de ser lo que se supone que deberían ser. Ahora su propósito es conquistar el poder, para lo cual adaptan vergonzosamente su programa electoral a lo que creen que va a gustar a la mayoría de los electores, a la vez que les modulan el gusto mediante campañas de mercadotecnia de lo más refinado ¿Y para qué quieren el poder? Para colocar a sus afiliados. Los partidos políticos se han convertido en gigantescas agencias de colocación en las que el mérito y la capacidad se han visto reemplazadas por la fidelidad perruna como único factor determinante para desempeñar un cargo, a veces -por desgracia- de mucha responsabilidad.

El resultado ha sido una colonización de la administración pública por parte de arribistas de escasas luces que difícilmente llegarían lejos en ningún lugar mínimamente exitoso del sector privado. La administración pública franquista era bastante reducida en tamaño, como el Estado franquista en general, y (con todas las excepciones que se quieran) básicamente compuesta de profesionales que forzosamente eran apartidistas porque no había partidos. Cuando los hubo, los primeros partidos políticos se nutrieron de tecnócratas que habían trabajado en aquellas administraciones o en las universidades para encomendarles los altos cargos públicos. Los ministros de los primeros gobiernos democráticos, tanto de la UCD como del PSOE, eran gente, por lo general, bien preparada y con experiencia, que venían de la administración o del sector privado anterior.

En algún momento de la década de 1980 la cosa empezó a torcerse con la multiplicación de la administración pública, que ganó enormemente en tamaño, al mismo tiempo que los partidos políticos empezaban a colonizarla, primero en los niveles más altos, y luego descendiendo a los de rango inferior. Después de un proceso lento, pero seguro, una cantidad absurda de mandos intermedios, además multiplicados de manera no menos absurda, han venido a ser ocupados por afiliados sin preparación suficiente para desempeñarlos con una mínima eficacia. Alternativamente, miembros de esas administraciones que por su desempeño y capacidades no podrían acceder a puestos de mando, al menos sin que sus compañeros se llevasen las manos a la cabeza, lo han conseguido con el simple expediente de darse de alta en el partido político que les conviniera más a sus propósitos. Como eso ha sucedido igualmente en la administración educativa, funcionarizada hasta la náusea, buena parte de los puestos en los centros educativos y en las universidades están copados por coleguillas que los ocupan no por ser los mejores docentes o investigadores, sino por eso, por ser coleguillas. Y así, la educación languidece y quienes salen de allí no están en condiciones de mantener el listón de sus predecesores.

Los dos responsables máximos de la pésima reacción a la nueva riada de Valencia son dos ejemplos de libro de la calamitosa situación a la que hemos llegado. Ni el presidente del Gobierno ni el presidente autonómico han hecho nada en la vida fuera de sus respectivos partidos políticos. El uno estudió Economía, y hasta ostenta un doctorado por el que habría que destituir, cuando no colgar de los pulgares, a quienes tuvieron la osadía de calificarlo positivamente, pero no se le conoce la menor contribución aplicando lo que hubiera estudiado en la universidad; el otro estudió Derecho y pasó de las juventudes de su partido a empalmar un cargo detrás de otro sin solución de continuidad, y si no ha dimitido todavía es porque en su partido no tienen más remedio que aguantarlo como sea hasta que caiga, si cae, el gobierno central, ya que, de lo contrario, sería como aceptar que tiene toda la culpa del desaguisado que se ha montado.

Hasta aquí, la culpa es nuestra, porque la información que obra en el párrafo anterior es fácil de encontrar. Lo sabíamos, ellos se han presentado a las elecciones y los hemos elegido, así que allá nosotros. Lo malo es que, una vez elegidos, han ido colocando en los escalones inferiores de la administración a cargos de confianza en puestos muy bien pagados. Se supone que están bien pagados para que sean atractivos a los mejores profesionales, pero, como el sistema está podrido, el hecho de que estén bien pagados atrae a los lameculos de los partidos como las moscas a la miel, de manera que se amplifican méritos de los mediocres que terminan ocupándolos.

El currículum de los que hubieran debido responder ante la emergencia que ha sucedido en Valencia ha sido aireado por no poca gente en las redes sociales y es bastante elocuente a este respecto. No puedo resistirme a poner un ejemplo que conocí en mi pasado en Moscú y que era de un funcionario que se había puesto el carné de su partido político entre los dientes y había logrado ser nombrado, Dios sabrá con qué otros méritos, Secretario General de Hacienda, lo cual le dio preferencia para acceder a un puesto tremendamente bien pagado en el servicio exterior español, en este caso en Moscú. El susodicho ignoraba lo más básico de Rusia y de su trabajo, pasaba los fines de semana -a veces alargados- en España usando los coches y chóferes oficiales para traerle y llevarle al aeropuerto, no aprendió una palabra de ruso en los cinco años que se chupó en Moscú y provocaba la vergüenza ajena de quienes le acompañaban a cualquier reunión con alguien mínimamente competente, pero se embolsó un sueldo público anual de seis cifras (y la primera no era un uno) a lo largo de cinco años. Sí, con el sistema que nos hemos dado y que concede todo el poder a los partidos hegemónicos, un buen sueldo público no significa que el puesto va a ser ocupado por alguien competente que se lo gane con creces, sino por todo lo contrario.

Estamos avanzando hacia el final de este ciclo, que algunos llaman con cierta displicencia "el régimen del 78", y no sabemos lo que va a reemplazarlo. Los incidentes de estos días harían desear una situación en que el Estado, tan mal gestionado, se redujera, y los partidos políticos perdieran poder mediante expedientes tan sencillos como eliminar las listas cerradas y bloqueadas y finalizar la financiación pública de los mismos (un sistema como el de dedicar un 0,7% de la recaudación del IRPF a los partidos elegidos por los contribuyentes sería una opción, como se hace con la Iglesia Católica), por no hablar de medidas más radicales. Una situación en que las comunidades autónomas, que han quedado en evidencia, se ocuparan mucho más de gestión de lo básico y mucho menos de política. Y una situación en que el Estado fuera sustituido por iniciativas sociales, que es lo que ha pasado en esta crisis, pero de manera totalmente desorganizada. Porque, contra lo que piensa casi todo el mundo, "lo público" y "lo estatal" no tienen por qué sinónimos, aunque el liberalismo gobernante nos lo quiera vender así; hay, o debería haber, un sector público no estatal, que sale de la sociedad y que no necesariamente es una empresa mercantil con su ánimo de lucro, como querrían los liberales, sino entes que se mueven con ánimo de servir a la sociedad de la que salen. Se ha demostrado estos días, en que la "guerrilla" ha sido mucho más ágil que el "ejército" para luchar contra el barro con prontitud, aunque finalmente ha tenido que llegar el ejército con su maquinaria.

Eso sí, al ejército se le ha hecho tarde. Como a mí ahora.